ARTÍCULOS DE OPINIÓN
OBSOLECENCIA DIGITAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Las normas se establecen, se modifican y transforman por una demanda de la sociedad, por ello la ley debe ser interpretada, con la finalidad de responder a esa demanda y solventar las discrepancias que surgen. Ello conlleva que la ley no pueda ser estática, con el aliciente de que la sociedad avanza a un ritmo mayor y acelerado, por lo que las normas deben estar en constante cambio, y ante la falta del mismo por imposibilidad del poder legislativo de seguir el ritmo, la sociedad cada vez es más consciente de la necesidad de interpretar la ley en cada situación concreta, debiendo mezclar distintas áreas jurídicas y normas para conseguirlo.
Un ejemplo de esta ebullición constante de cambio normativo, interpretación y contraposición de normas es el derecho administrativo, ejemplo de ello, ha sido la digitalización de la propia administración pública, a pesar de implementarse la tramitación digital a partir de la primera década del 2000 en la mayoría de las administraciones públicas e intentar fomentar ese uso en la ciudadanía, la crisis sanitaria de 2020 conllevó una demanda del 99% en tramitaciones electrónicas, demostrando la administración pública que no estaba preparada para ello.
La falta de educación digital, a pesar de que la mayoría de la población tenga un móvil en sus manos y lo use de una forma completamente autónoma, no sirvió a la hora de evitar los colapsos administrativos e informáticos con los que la población tuvo que hacer frente durante muchos meses y a día de hoy continúan.
Esta situación se podría ver como una falta de evolución social, pero lo cierto, y a la vista de como la población se ha ido adaptando a esta nueva forma de comunicación con la administración pública, lo que ha mostrado es nuevamente la falta de adaptación de las normas y los entes públicos a la demanda social, “usted me exige que solicite cita previa por la web, pero la página se queda colgada a mitad del proceso”.
En todo ello, lo que si ha quedado patente es la falta de protección finalmente al ciudadano ante una administración obsoleta que no es capaz de modificar sus normas, para hacer factible una comunicación con la ciudadanía de forma organizada, coherente y resolutiva.
La ciudadanía necesita una respuesta clara y concisa a sus demandas y la administración pública, en la mayoría de los casos, responde con un “ERROR 00009”. Siendo al final, el funcionario o personal de la administración quien debe dar una respuesta a un conflicto que escapa de su conocimiento, por la falta de formación que le ha dado la propia administración pública, provocando el colapso digital y telefónico, y debiendo el ciudadano acudir a normas obsoletas e interpretarlas para resolver un conflicto provocado por quien debe otorgar resolución a sus demandas.